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Lineamientos y Estrategia para el Desarrollo Sostenible 2000/2015 Al igual que en la mayor parte de los países latinoamericanos, la economía dominicana no tardó mucho en iniciar un sostenido proceso de recuperación luego de la mencionada crisis de la década de los 80. Los cambios en la situación económica se reflejan en los indicadores siguientes: la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) aumentó de 1.0% en el año 1991/90 a 7.3% en el 1996/95, alcanzando cerca de 8% en el 1997/96; b) el PIB a precios corrientes pasó de RD$112,697.7 millones en el 1992 a RD$212,644.0 millones en el 1997, en tanto que el PIB per cápita subió de RD$15,985.5 en 1993 a RD$ 25,924.1 en 1997; c) las exportaciones generales para el año de 1996 fueron de US$3,962.7 millones, superando en US$848.7 millones el valor del 1993 (US$3,114.0); d) los ingresos fiscales del gobierno central pasaron de RD$18,005.5 millones en el 1992 a RD$26,929.5 en el 1996. Al término del año 1997 los ingresos totalizaron unos RD$33,725.2 millones, cifra un 30% mayor que la de 1996. Esta situación se concreta en varios indicadores sociales y económicos, como los siguientes: (14) (14) Oficina Nacional de Planificación. ¿Plan de Acción para la Reducción de la Pobreza? Santo Domingo, D.N. 1998. a) distribución del ingreso: Existe una brecha extremadamente grande entre ricos y pobres, ya que mientras el 50% de la población recibe menos del 10% del total del ingreso agregado, el 10% más rico concentra el 56%; b) desempleo: la tasa de desempleo abierto para el 1996 fue de un 16%, habiéndose reducido a 14.3 por ciento en el 1998; c) salud: la estimación puntual de la tasa de mortalidad infantil alcanzó la cifra de 46.6 por cada mil nacidos vivos, de acuerdo con los datos de la ENDESA-96; la misma fuente consigna una alta tasa de mortalidad materna, con 229 muertes durante el embarazo, parto y puerperio por cada cien mil nacidos vivos; d) vivienda: un 40% de los hogares dominicanos tienen necesidad insatisfecha de vivienda, con el agravante de que el 65% no tienen suministro de agua potable dentro de las viviendas, 33% no poseen sistemas de eliminación de excretas, y 45% no dispone de servicios de recogida de basura; e) educación: para el 1996 la tasa de analfabetismo se aproxima a un 15%, presentando cifras muy elevadas en las zonas rurales; un 17% de los hogares en pobreza extrema tenían niños en edad escolar fuera del sistema educativo. Un estudio sobre focalización de la pobreza realizado por ONAPLAN muestra una gran diferenciación geográfica de la pobreza en el país. Mientras en la zona urbana la proporción de hogares pobres fue de aproximadamente 46%, en la zona rural dicho índice alcanzó la proporción de 82%. La otra gran diferenciación espacial se observa entre algunas regiones del país. Mientras en el Distrito Nacional el índice de pobreza fue aproximadamente de 37%, en la subregión El Valle (provincias Azua, San Juan de la Maguana y Elías Piña) superó el 80%. Otra sub-región muy crítica es la Enriquillo (provincias Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales), cuyos niveles de pobreza están por encima del 75%. El advenimiento de la primera década del nuevo milenio culminará con el afianzamiento en la República Dominicana de la economía de servicios, proceso que se inició en los años ´80. Por esta razón es necesario el diseño de una estrategia para el desarrollo que mantenga el impulso de los sectores de servicios y al mismo tiempo dinamice aquellos sectores que en los últimos 10 años han mostrado poco desempeño en su aporte a la economía nacional. El desarrollo de la próxima década seguirá sustentado en los servicios, sin olvidar claro está, los demás sectores que son generadores de empleos, alimentos y divisas. La estrategia de desarrollo para el comienzo del siglo XXI y de cara al nuevo milenio, tiene que estar orientada en dos vertientes: De un lado, ser más competitivos en los sectores de servicios (zona franca, turismo, comunicaciones); y por otra parte, rediseñar una estrategia de desarrollo que haga más dinámicos los sectores agropecuario, agroindustria, minería y manufactura, así como protección de los recursos naturales y medio ambiente. Esta estrategia debe proveer una vinculación entre estos últimos y los sectores dinámicos mediante la producción de insumos que suplan la demanda de los sectores punta de la economía en calidad y precios competitivos. 3.1. Marco Estratégico Global Tanto la globalización como la apertura de la economía en el ámbito internacional imponen la reestructuración productiva de la economía dominicana. Lograr ese objetivo requiere de metas debidamente programadas a mediano y largo plazo con una capacidad de gestión integrada por el sector público y el sector privado. La búsqueda del desarrollo plantea la sostenibilidad, la equidad y, por ende, el enfrentamiento a las condiciones de pobreza en un ambiente de gobernabilidad. Se propone que este se realice en consideración del respeto a la conservación de los factores ambientales y atendiendo al desarrollo integral. Para alcanzar la reducción de la pobreza y un desarrollo sostenible en los primeros tres lustros del siglo XXI, se requiere la continuación de una adecuada tasa de crecimiento económico. Esto debe ir acompañado por un aumento del capital humano y un uso transparente de los recursos públicos, lo que garantizará un aumento en la participación de los pobres en los beneficios del desarrollo. Son los pobres los que más sufren los problemas de aguas contaminadas, inadecuado sistema sanitario y vulnerabilidad de los recursos naturales. Cabe destacar que un medio ambiente natural sano es una ventaja comparativa para el turismo, como sector económico y dinámico de crecimiento. Como medidas de políticas para un crecimiento sostenido y reducción de la pobreza tenemos: (15)
(15)
Grupo Acción por la Democracia ¿Agenda Nacional de Desarrollo?, 1996. 3.1.1. Liberalización del Comercio Urge crear y fortalecer mercados competitivos. La liberalización y la desregulación no tienen sentido sino logran promover y desarrollar mercados competitivos y dinámicos. Son contraproducentes si lo que hacen es fortalecer la capacidad de grupos privados, dando un sesgo a su favor en la asignación y distribución de los recursos. Es preciso establecer redes de suministros de insumos, comercialización y distribución eficiente que permitan reducir los costos y atender los requerimientos de los consumidores. 3.1.2. Mejoramiento del Clima de Inversiones El clima de inversiones de un país resulta de la combinación de factores económicos, políticos y sociales que influyen directa e indirectamente en las decisiones de los inversionistas respecto a la colocación de sus empresas. Con un proceso de inversión el país resulta favorecido con la formación de nuevas empresas que es “esencial para el proceso de perfeccionamiento de la ventaja competitiva en una economía. Los competidores de reciente creación emplean tecnologías nuevas, atienden nuevos segmentos, proporcionan insumos necesarios o prestan servicios especializados”.(16) (16) Porter, Michael E. La Ventaja Competitiva de las Naciones, Pág. 828. Plaza Janes Editores, S.A. Barcelona, 1991. La formación de nuevas empresas no es solamente esencial para el proceso de mejora de una economía, sino que también mitiga algunas fuerzas peligrosas que socavan el progreso económico y es necesaria para sustituir los puestos de trabajo perdidos en los sectores tradicionales cuando mejora en ellos la productividad. 3.1.3. Atracción de Inversiones Como medida de política, la atracción de capitales externo desempaña un rol determinante en el crecimiento de la economía y la incorporación del país a los modelos y corrientes que se generan en el ámbito internacional. El incremento en capital, los puestos de trabajo que se generan, el acceso a una mejor y moderna tecnología y mayores capacidades gerenciales y de dirección son algunos de los elementos que inciden para que la inversión extranjera resulte atractiva. En un orden con preferencia a la apertura, la competencia para la atracción de flujos de capital es cada vez mayor.(17) (17) Foreign Investvent Advisory Service ‘Estrategia para la Promoción de la Inversión Extranjera Directa’, Mayo 1998. En cuanto a las inversiones producto de los recursos procedentes de los dominicanos residentes en el resto del mundo, es recomendable que se desarrolle una política con el objetivo de colocar en los sectores productivos de la economía capitales generados por los nativos ausentes. Los nacionales no residentes en el país y radicados mayormente en Estados Unidos envían a la República Dominicana US$2,000 millones cada año. Estos recursos, pueden aumentar con medidas que incentiven la inversión de los dominicanos ausentes en metal-mecánica, desarrollo de medianas empresas, inmobiliarias, vivienda y proyectos de la agropecuaria. El Estado mediante la Corporación de Fomento Industrial (CFI), puede promover un sistema que elabore las propuestas de inversión a los nacionales no residentes que muestren interés por invertir en las diferentes áreas de la economía dominicana. En promedio el 25% de las remesas enviadas, tienen por destino inversiones, el 9.1% está destinado a mejoras y reparaciones, el 20.5% es dedicado al pago de alquileres y deudas, un 11% es utilizado en actividades no comerciales. Se estima que el 34.1% de las remesas recibidas tienen como destino materias primas y equipos, es decir, aproximadamente un tercio del total, va directamente a engrosar alguna actividad productiva. 3.1.4. Fortalecimiento de la Competitividad (18) (18) Plan Nacional de Competitividad, SEIC. 1997. La competitividad de las empresas tiene que depender, con mucho más rigor que antes del desarrollo sistemático de su productividad. Elevada remuneración factorial con baja productividad es imposible. La competitividad basada en baja remuneración de los factores o por medio de la desvalorización del tipo de cambio, puede mantener los niveles de rentabilidad y empleo, pero con un creciente costo social. Si es aprovechada la complementariedad entre los mecanismos del mercado y los instrumentos de derecho que valoran los elementos sociales y ambientales del desarrollo como fuente para la competitividad, el país puede avanzar hacía una integración favorable con el resto del mundo. Es necesario que el sector productivo dominicano entienda que es impostergable, lograr una mayor integración de los distintos eslabones de la cadena productiva, porque si ciertamente la competencia se produce en el ámbito de las empresas, la eficiencia la va a determinar el sector. 3.1.5. Reforma del Sector Financiero El país requiere de una estrategia como medida de política a la intermediación financiera que constituye el puente entre la disponibilidad de ahorros acumulado en el país y su uso en las actividades de inversión productiva. Para mantener y garantizar la salud macroeconómica del país en los próximos tres lustros, son determinantes las políticas de reforma de las instituciones financieras, bancarias y no bancarias y la naturaleza y eficiencia de la participación de esas instituciones en el proceso productivo. En las áreas sectoriales y macroeconómicas, el acceso al crédito y en general a las finanzas, significa tener acceso a las oportunidades económicas. Se ha procedido con reformas relativas del sistema cambiario, arancelario y aduanero en cuanto al sector externo, es preciso en la actualidad cumplir con los requerimientos técnicos que demanda el avance de las reformas financieras. 3.1.6. Estabilidad Macroeconómica (19) (19) Según aparece en la sección Dinero del Listín Diario, citándo al Banco Mundial, julio 1999. Para garantizar un adecuado modelo de crecimiento económico se requiere de una tasa constante de inversión tanto a nivel del sector público como del sector privado. Un sistema económico para lograr que las inversiones fluyan, necesita mantener cierta estabilidad en las principales variables macroeconómicas. Los esfuerzos para mantener la estabilidad, constituyen sin lugar a dudas un compromiso estratégicamente necesario. En los inicios de la década de los ’90 se propusieron medidas tendentes a la liberalización de las fuerzas del mercado en lo concerniente a la determinación del tipo de cambio y establecimiento de un tipo de cambio único. Otro elemento considerado en ese momento fue la eliminación de los fuertes subsidios al sector energético y a otros bienes de consumo. Los altos niveles de inflación de los años 1990 por encima del 100%, han desaparecido. En 1997 la tasa de inflación fue de apenas 8.4% y en 1998 fue de 7.8% según cifras del Banco Central. En cuanto a la política fiscal, se han producido cambios importantes con el logro de un considerable aumento en la recaudación. Con la aplicación de controles, se ha logrado mantener el déficit del sector público en un límite inferior al 2% del PBI. En el centro de la estabilidad se encuentra la contención del déficit y de la vulnerabilidad del mismo. Con un bajo déficit se ha logrado un cambio en la composición de las inversiones y se ha reducido la posibilidad de ajuste en la política fiscal. (20) (20) Ver Grupo Acción por la Democracia y Lineamientos CAS Banco Mundial, documento preliminar, 1999. Entre las medidas que a nivel macroeconómico se pueden sustentar presentamos las siguientes: · Mediante la aplicación de una tasa de cambio real lograr el incremento de la competitividad externa e interna y de sustitución de importaciones. · Eliminación de la sobre y subprotección mediante la desgravación de aranceles y efectos sobre precios internos. · Aplicación de tasas de interés atractivas, que garanticen recuperar el crédito y aumento del ahorro interno. · Fomento del proceso inversionista con un marco propicio para el sector privado nacional y extranjero. Esto permite un flujo en las inversiones y un proceso dinámico y de reactivación en empleos, divisas y mayor coordinación a nivel de políticas institucionales. Un nuevo código financiero y monetario que establezca una mejoría en el marco regulatorio, es legislación esencial para promover señales claras a los inversionistas locales y extranjeros sobre los nuevos mecanismos de conducta monetaria y política de tasas de cambio, eliminación de barreras y mejoría en el sector gobierno. Esto conlleva necesaria y significativa mejora en la capacidad de regulación y supervisión del sector financiero. Las reformas generadas en la economía dominicana en los últimos años y el proceso de reformas estructurales, reestructuración productiva, código arancelario, monetario, financiero, tributario, promoción de exportaciones y reformas al sector educativo, constituyen propuestas en pos del diseño de políticas alternativas para la transformación productiva y que interactúen con todos los estratos sociales de forma equitativa. 3.2. Empleo y Formación de Recursos Humanos La base para alcanzar el desarrollo está en la inversión en capital humano. Economías como Japón, Corea, Taiwan y Singapore invirtieron grandes recursos para formar el material humano que impulsara su desarrollo. Son las economías que tienen mayor proporción de su PBI dedicado a educación, las que se encaminan por las sendas del desarrollo. República Dominicana por sus condiciones naturales debe impulsar la educación como base del desarrollo futuro. Como estrategia, se debe establecer la meta para que en el año 2015 no hayan analfabetos en el país. Como segunda proposición, la universidad del futuro tiene el ineludible compromiso de preparar el capital humano de acuerdo con las exigencias del aparato productivo nacional, en un sistema donde se establezca la relación universidad-empresa para formar el personal con la preparación necesaria y suficiente para desempeñar sus funciones en un mundo competitivo y globalizado. (21) (21) Gustavo López Ospina Universidad y Mundo Productivo, UNESCO Caracas, 1994. El desarrollo económico depende de la capacidad, y la sostenibilidad de la economía para cubrir las necesidades individuales y colectivas mediante una remuneración que permita el mejoramiento de la calidad de vida y la autorrealización del trabajador. La situación ocupacional es de primer orden para sostener el equilibrio social. El incremento de la pobreza, la migración y el crecimiento del sector informal son expresiones de la limitada capacidad de uso de recursos humanos que tiene la economía dominicana. Para dar prioridad al desarrollo humano y a la equidad social hay que enfrentar los problemas de redistribución de ingresos y creación de empleos. Una política que propenda a la maximización de la ocupación tiene que convertirse en una estrategia sectorial definiendo una política de empleo por actividad. Se promoverán proyectos de inversión que tengan impacto social en la generación de empleos y que al mismo tiempo contribuyan a la descentralización regional. (22) (22) Ver ONAPLAN Lineamientos Básicos para el Desarrollo Sostenible, 1994. Las medidas a implementar para incrementar las oportunidades de empleo, al mismo tiempo ensanchan el mercado a nivel interno e incentiva nuevas áreas de inversión. Disminuir el desempleo abierto requiere absorber el alto subempleo existente. Es que los bajos salarios y las condiciones de pobreza de la fuerza laboral no pueden convertirse en el fundamento de la competitividad. Las perspectivas de desarrollo y las ventajas comparativas descansan sobre la calidad de los productos, de ahí el énfasis en la formación de los recursos humanos. La calificación laboral se debe apoyar en programas específicos de capacitación dirigidos a elevar la calificación de la fuerza de trabajo actual. 3.3. Ciencia y Tecnología (23) (23) Conferencia de Budapest sobre Ciencia y Tecnología 1999. Tomado para la elaboración Anteproyecto de Ley sobre Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Seminario SEESCYT, Hotel Hamaca, Agosto 1999. Los aspectos tecnológicos relacionados con el desarrollo nacional implican una estrategia planteada con coherencia entre los objetivos sectoriales y la transferencia de tecnología. La reconversión tecnológica conlleva, además del uso, la asimilación y adaptación de la tecnología transferida. Esto obliga a que los requerimientos económicos tengan la definición de una política de adopción. Para los próximos tres lustros del próximo siglo se propone la diversificación de los sectores tradicionales con el uso de tecnologías e inversiones con mayor valor agregado. Es necesario crear condiciones para educar y entrenar la mano de obra, de esta manera las inversiones futuras y el país, pueden cumplir con los requerimientos de la demanda internacional. Sin una debida capacitación tecnológica no es posible establecer niveles de competitividad y garantizar atracción de inversiones y por ende un adecuado crecimiento económico. En el ambiente actual, es pertinente establecer una política de inversión y desarrollo tecnológico para hacer competitiva en calidad y precios el aparato productivo nacional; esto permite que la inserción en los mercados internacionales se realice con mayor nivel de eficiencia y con productos de mejor calidad y con precios realmente competitivos. En ese esquema se puede contemplar: la estructuración de un sistema de información que mantenga un programa actualizado de ciencia y tecnología, creación de un sistema de investigación y extensión localizado en centros universitarios, talleres y laboratorios públicos y privados. En último término, desarrollo de un sistema de programación que establezca las prioridades dependiendo del financiamiento disponible, programando de esta manera los niveles de calificación de los recursos humanos. (24) (24) Ver Lineamientos Básicos para el Desarrollo Sostenible, 1994. 3.4. Seguridad Ciudadana y Respeto a la Propiedad Privada Como un derecho constitucional de la población, el Estado debe proporcionar a toda la ciudadanía la protección que les permita transitar por todo el territorio nacional en absoluta libertad y seguridad. Es necesario que los organismos encargados de mantener el orden y de la seguridad nacional sean dotados de los recursos necesarios para que cumplan con eficiencia sus funciones. Conjuntamente con un medio ambiente sano, la seguridad del individuo son los espacios favorables para el desarrollo del turismo. El incremento en la delincuencia y la criminalidad se convierten en factores negativos para el desarrollo de los servicios y la atracción de inversiones. El deterioro en la calidad de vida y las condiciones de pobreza son los principales gérmenes de engendro de actividades delincuenciales y criminales y por tanto, de la inseguridad de la población en el desarrollo de sus actividades laborales y sociales. Para eliminar la criminalidad y garantizar seguridad al ciudadano, es necesario enfrentar las condiciones de pobreza y reducir el desempleo y con esto, conseguir el mejoramiento en la calidad de vida de un alto porcentaje de la población y mantener un ambiente de libertad y seguridad en la sociedad. El gobierno debe encaminar esfuerzos para lograr los objetivos de garantizar la seguridad sobre la propiedad privada en sentido general y de la tierra en particular. Las acciones a realizar se refieren a: la titulación, modernización del registro público, realización de un catastro nacional de propósito múltiple, estudiar la posibilidad de un impuesto diferenciado sobre la tierra que incentive un uso más productivo de la misma y estudiar la organización de un banco de tierra. 3.5. Transformación Económica: Apertura y Mercado Si la meta del país es superar la pobreza y avanzar hacia los niveles de vida alcanzados por otras naciones, entonces su estructura productiva y los precios de sus productos tendrán que evolucionar de tal manera que las remuneraciones de los factores productivos locales mejoren de forma gradual y sistemática. (25) (25) Garnier, Leonardo. ¿Compitiendo en un Mundo Globalizado? Iniciativas Públicas para Aprovechar la Globalización? Mimeo, Página 5. Santo Domingo, 1998. El mercado ofrece la posibilidad de que la gente escoja el mecanismo para premiar al más eficiente y no al que tenga más poder. Es motor de la productividad e induce a que las personas se apoyen en la rentabilidad de su educación y de su esfuerzo productivo. La regulación y la privatización son condiciones que logran que haya mercados, pero no necesariamente que sean eficientes o que propicien la equidad. Es necesario crear una cultura de manera que el mercado se convierta en una entidad legítima, razón por la que los consumidores deciden aprovechar las ventajas propias del mercado y porque se producen condiciones de igualdad. (26) (26) Vargas, Jorge Enrique. Crecimiento Económico y Desarrollo Social en Época de Globalización, página no. 9. Santo Domingo, R.D. 1997. La política económica no puede alcanzar esta meta por sí sola si simultáneamente, la capacidad productiva no se desarrolla en la misma dirección. Es difícil que las decisiones de inversión privada promuevan ese desarrollo si no se ven obligadas por una política social y económica que asegure que ese desarrollo se producirá. El incremento de la productividad es la clave tanto para la satisfacción de altos niveles de consumo, como para consolidar hábitos crecientes de ahorro productivo. Es importante que se fomenten inversiones productivas sin trabas burocráticas ni elementos de incertidumbres. Para mejorar la equidad, en pos de mejores condiciones de vida, y de desarrollo humano se demanda de una reforma del Estado que simplifique el aparato institucional y produzca un sistema funcional, ágil y eficiente, cuyas acciones estimulen y complementen las acciones de carácter privado propias de los individuos. En referencia a la regulación del sistema económico, es necesario consolidar el proceso de reformas y proceder a dar un seguimiento eficaz a su comportamiento considerando la relación de la economía del país con la economía internacional y, así lograr y mantener mayor eficiencia en su desenvolvimiento. En este aspecto resulta de especial interés la tasa de cambio y la tasa de interés sobre el costo del capital. Dado sus variaciones debe primar en su administración la racionalidad y la ponderación de sus potenciales impactos. 3.5.1. Acuerdos Comerciales El proceso de globalización es irreversible, representa una oportunidad que ofrece al país mayores opciones para la colocación de sus productos en el mercado internacional y para atraer inversiones extranjeras. La República Dominicana realiza esfuerzos para integrarse a mercados internacionales y ha recurrido a una política exterior aperturista. Como forma de enfrentar los retos que trae la globalización, el país ha firmado el Tratado de Libre Comercio que consolida el acercamiento político y económico con Centroamérica. Además, está en su fase final la negociación de un Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Económica del Caribe (CARICOM). En cuanto a los acuerdos en el orden multilateral, se están realizando negociaciones de diferentes tipos con la Organización Mundial del Comercio (OMC), y así mismo, se están desarrollando negociaciones con el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). A continuación se presentan algunos elementos de consideración para el establecimiento de acuerdos comerciales y garantizar un clima de comercio: (27) (27) Oficina para la Promoción de la Inversión Extranjera ‘Situación Económica y Clima de Inversiones en la República Dominicana’, Santo Domingo, 1999. · Establecer prioridad de acuerdo a los intereses de la nación. · Renegociar las bases para un acuerdo con LOME IV, conjuntamente con los países ACP, Africa, Caribe y Pacífico. · Mejorar la posición competitiva mediante la captura de mercados regionales. · Aprovechar la inversión extranjera directa que se genera producto de la transnacionalización económica. · Mejoramiento del clima interno de inversiones. · Creación de un mejor ambiente en cuanto a la reducción de la corrupción administrativa. · Fortalecimiento del sistema de seguridad social. · Creación de las condiciones que reduzcan las barreras y restricciones para la compra y venta de inmuebles. · Incorporación del capital privado en actividades tradicionalmente estatales, como suministro de agua, aeropuertos, puertos y energía. · Mejoramiento de la competencia en sectores de servicios públicos como las telecomunicaciones. La vinculación externa y los cambios que se suceden en el ámbito internacional, hacen necesario la consideración de los acuerdos de integración regional. Es imperativo que se organice un sistema de seguimiento continuo de las relaciones con cada uno de los organismos y organizaciones con los cuales se establezcan determinados tipos de relaciones y acuerdos. El servicio exterior dominicano debe adecuarse a cumplir los cometidos que le corresponde en este proceso. Lo mismo ha de ocurrir en torno a las pautas del endeudamiento externo y la inversión extranjera. 3.6. Modernización del Estado y Reordenamiento Institucional El más importante reto que enfrenta la República Dominicana, es posiblemente la modernización del Estado y la mejora del ejercicio del poder. El éxito de la implementación de ésta medida constituye un factor determinante en cuanto a la reducción de la pobreza y hacer más eficiente al Estado para mejorar la administración de los recursos corrientes. De igual modo el gobierno debe considerar la confianza y el apoyo de la población para de forma gradual obtener mayores impuestos para llevar a cabo programas de desarrollo humano. En los albores de un nuevo siglo se impone el desarrollo de las instituciones que progresivamente vayan quitando responsabilidades a la presidencia de la República y mejore el rendimiento de la administración pública. Entre los elementos para una reforma se debe considerar: 3.6.1. Administración y Control Presupuestal (28) (28) Listín Diario, sección El Dinero, documento CAS Banco Mundial 1999. La colocación efectiva de los recursos públicos está limitada por la administración del presupuesto actual. Por tradición, más del 50% de los gastos del Gobierno Central son implementados por la Oficina de la Presidencia. El sistema presupuestal no prevé información pública sobre las prioridades y políticas gubernamentales, lo que a su vez hace débil su eficiencia. Como medida correctiva un amplio programa de reforma administrativa y financiera debe incluir la Ley de reforma presupuestal. 3.6.2. Descentralización y Estrategia Urbana En República Dominicana el 66%, dos tercios de la población vive en la zona urbana. Esta concentración se acerca al perfil regional de un 80% de la población residiendo en el área urbana. La porción mayor de la población urbana implica que el 40% de los pobres del país vive en áreas urbanas. En este contexto se propone que la descentralización política vaya acompañada con un proceso de descentralización fiscal para garantizar el fortalecimiento de los organismos y poderes locales y municipales. La descentralización es un reto para el país, que debe ser cumplida en los próximos tres lustros y se convierte en una prioridad que habrá de realizarse tan pronto la reforma presupuestal sea completada. No es posible hablar de descentralización sin considerar el aspecto financiero. Solamente si se produce la descentralización financiera en todo el sistema serán alcanzados los logros propios de un proceso de desarrollo regionalizado. Las regiones y sus diferentes municipios y provincias deben disponer de independencia financiera para garantizar la satisfacción de las necesidades públicas de sus respectivas comunidades. Se propone, que en los primeros quince años del siglo XXI la República Dominicana implemente un proceso mediante el cual los ayuntamientos, municipios y regiones disfruten de independencia financiera con la consiguiente descentralización fiscal. 3.6.3. Instauración del Servicio Civil y Carrera Administrativa El Estado es un gran empleador, y el salario público con relación al PBI es uno de los más bajos de la región. En el sector público se produce el empleo de una fuerza laboral pobremente pagada y con poca destreza. Para cumplir su objetivo, la modernización del Estado deberá estar acompañada de reformas que busquen la colocación de personal más calificado y aunque se reduzca el número de empleos, se eleve el nivel de salarios. La carrera administrativa es la parte profesional y especializada, instituida dentro del servicio civil en la que prevalece el mérito personal como principio, para ingresar, permanecer y desarrollarse en el ejercicio de la función pública. Con el servicio civil, se introduce en la dirección del Estado un modelo de gestión pública fundamentado en la profesionalización y tecnificación, de manera que la conducta de este represente un cambio innovador de eficiencia, honestidad y acercamiento entre la administración pública y los ciudadanos. Por la razón anterior, surge la necesidad de incrementar la educación con el fin de mejorar el ejercicio de la función pública y superar indeseables prácticas administrativas arraigadas en la administración del Estado y que se han convertido en exponentes de la cultura y estilo de vida. La ley 14-91 de Servicio Civil y Carrera Administrativa del 20 de mayo de 1991, que regula adecuadamente la administración del empleado público y las prácticas administrativas, debe ser implementada a mediano plazo en todo el sector público dominicano. 3.6.4. Reordenamiento Institucional El elemento central de las reformas institucionales es la reforma del Estado, en una perspectiva de redimensionamiento hacia una estrategia de mayor eficiencia en su rol económico y función social. Implica la reforma de las instituciones, la redefinición de sus funciones y modificaciones organizacional y metódica a lo interno. La estrategia consolida los mecanismos de gestión y afianza el papel del Estado en la regulación del proceso de desarrollo. Es necesaria una profunda transformación de la organización del sector público para que la participación gubernamental se traduzca en una herramienta al servicio del avance material y espiritual de la población dominicana. Se procederá a una instrumentación de los mecanismos de reforma administrativa en cada instancia estatal. La institucionalización, operacionalidad y eficientización del gasto público a una gestión macroeconómica a tono con la necesidad de reestructuración de la economía, adquieren en la actualidad importancia vital. Es imprescindible la promoción de un programa técnico para fortalecer el nivel de información requerida en los diferentes niveles de elaboración presupuestal y en su ejecución y control como medida de estandarizar y mejorar los procedimientos administrativos. Existe la necesidad de fomentar una adecuada y moderna administración fiscal, para dotar esa administración y a los contribuyentes de una conciencia de los objetivos estratégicos de la tributación, precedida de reglas administrativas y técnicas recaudatorias plenamente transparentes y que el contribuyente se comprometa con el destino de su contribución Para alcanzar las metas de desarrollo propuesta y una real transformación social, es preciso crear una administración pública abierta a las necesidades de los ciudadanos y que propenda a la acción conjuntamente con la iniciativa ciudadana o de la empresa privada. Para evitar el sesgo antiexportador que ha sido histórico en el desarrollo económico dominicano, se plantea la creación de un Instituto para la Promoción y Desarrollo del Comercio Exterior Dominicano con recursos suficientes para la promoción en el exterior de nuestros productos y personal técnico capacitado para llevar a cabo estas tareas. 3.7. La Inversión Pública para el Desarrollo Enfrentar los retos que se imponen en la actividad productiva, de su crecimiento y desarrollo para los próximos quince años y de la recuperación económica en general requiere, de un programa mancomunado de los sectores público y privado. Se trata de la acción conjunta de los sujetos productivos para elevar la capacidad y nivel de inversión que se traduzca en un incremento del ingreso nacional por encima del crecimiento de la población, y que se garantice una real redistribución de ese ingreso. Los recursos públicos dedicados a estos fines estarán englobados en un plan de inversión pública. Este programa debe reflejar una distribución proporcional entre los sectores con capacidad para generar las metas de desarrollo planteadas. El plan se formulará con carácter integral donde se manifieste el potencial crecimiento de las actividades que fundamentan el desarrollo sostenible. Entre las prioridades sectoriales se debe considerar el estancamiento que se ha producido en determinados sectores estratégicos de la economía nacional. El plan debe elaborarse para el período 2000 - 2015 y en una primera fase, y con diferentes grados de precisión, un programa quinquenal 2000-2005, el objetivo será maximizar el impacto económico de las inversiones. Esto significa lograr el fortalecimiento del sector agrícola, proyectos de conservación del medio ambiente, mejoramiento de servicios sanitarios, incremento de los servicios de agua potable y alcantarillado, creación de infraestructura de vialidad en la zona rural y fomento de proyectos de producción industrial con localización regional. El proceso de inversión tiene que ser realizado de manera equitativa y asegurar en las regiones el mejoramiento en la calidad de vida de las poblaciones y regiones sumergidas en la pobreza. Impulsar un programa de inversión para el desarrollo regional realizado en forma sectorial. Esto permite que los sectores económicos tengan cobertura regional, en el marco de una inversión de capital descentralizada tanto a nivel del gobierno central como de los gobiernos municipales y locales. Así mismo se estimularía al sector productivo privado mediante una gestión macroeconómica consistente con los efectos combinados de las reformas fiscales y presupuestarias. 3.8. Generación de Empleo, Distribución de Ingresos y Reducción de la Pobreza: Desarrollo con Rostro Humano. El país se encuentra en el umbral del siglo XX con grandes dificultades económicas y sociales, por lo que resulta urgente implementar medidas de bajo costo y eficientes para combatir la pobreza y alcanzar el desarrollo humano. Esto va acompañado de una reorientación de las instituciones existentes y aplicar reformas y proyectos sociales a fin de aumentar la capacidad de prestación de servicios a la población requerida. Para alcanzar un desarrollo equitativo e integral tanto el Estado como la sociedad reclaman un paquete de reformas, planes, programas y proyectos de tipo social en un proceso de integralidad e intersectorial con participación social. El objetivo de promover el desarrollo social es fortalecer la capacidad de los grupos más pobres para acumular capital humano y físico. Los elementos básicos de esta estrategia para reducir la pobreza se concretan en: 3.8.1. Educación La educación ha sido el principal elemento para lograr el desarrollo con rostro humano. En la medida que aumenta la capacidad intelectual mediante la instrucción de la población, mejora la calidad de vida. Los pueblos con altos índices de calidad de vida y desarrollo, son los que han realizado ingentes inversiones en la preparación e instrucción de la población. La continuación del Plan Decenal de Educación es un instrumento para convertir la educación en un área estratégica para el desarrollo humano. Busca aumentar y mejorar cuantitativamente la cobertura de servicio, acceso y permanencia de los escolares, condición docente, reforma institucional, participación comunitaria y la asignación de recursos. El modelo de desarrollo para los próximos 15 años debe estar orientado hacia la diversificación, con énfasis en mantener el dinamismo de los servicios y concomitantemente, empujando los sectores manufacturero e industrial y rescatando aquellos sectores que en los últimos 15 años muestran rezago con relación a su aporte al PBI. La calificación de la mano de obra y la formación de los recursos humanos, tiene que estar acorde con los cambios técnicos para suplir los requerimientos de las nuevas inversiones y la operación de las tecnologías que acompaña aquella inversión. Formular planes en las modalidades de la educación técnico-vocacional y universitaria, teniendo como eje común con la educación básica y media la transformación productiva con equidad. Resulta indispensable realizar inversiones en el área del conocimiento y del capital humano, en la actualidad se reconoce el carácter central que tiene la educación y la producción del conocimiento para el desarrollo humano como eje de transformación productiva con equidad. Solo si la educación fomenta una actitud científica orientada hacia el conocimiento y solución de los problemas específicos, se podrá hablar de una educación para el desarrollo. El reto de primer orden de la educación para el desarrollo radica en aumentar el acceso y permanencia de los alumnos en las escuelas, acompañado esto de una amplia reforma curricular con aplicación en todo el sistema. A la par, es preciso desarrollar innovadores sistemas de educación no formal a distancia. En el área rural la educación de adultos requiere, además de su enseñanza formal informaciones aplicables a sus actividades productivas. En el nivel superior, es necesario la formulación y ejecución de un plan educativo a largo plazo que permita formar los técnicos e intelectuales necesarios para el desarrollo social y económico del país. Es pertinente lograr la diversidad en la capacitación para arribar a niveles de productividad y de competitividad internacional y que el país avance en un ámbito, para en los próximos quince años ser altamente competitivo. Esto permitirá un cambio sustancial en la calidad de vida a lo interno de la nación. “Aun asumiendo las expectativas más optimistas, sólo una minoría de graduados trabajarán en los campos de la industria y la tecnología superior, que son los que estimularán el crecimiento de toda la economía. El resto encontrarán empleos y puestos de trabajo en gran medida en la agricultura y, sobre todo en el sector cada vez más dinámico y creciente de los servicios” (29). (29) International Council For Educational Development, ‘La Reforma Universitaria Española, Evaluación e Informe’, páginas 135 y 136. Salamanca, 1987. 3.8.2. Salud El modelo de atención basado en una medicina orientada hacia la enfermedad es producto del bajo nivel de la gestión técnica-administrativa, la poca motivación personal y la falta de aplicación de normas técnicas, administrativas y financieras que establezcan un ordenamiento funcional. Los gastos de salud pública representan el 1.9% del PBI y están pobremente enfocado con grandes gastos en el sistema hospitalario urbano. El 40% más pobre de la población sufre el más alto peso de las enfermedades y gasta en promedio el 9% de sus ingresos en servicios de salud, contrario a un 3% de los ingresos de los más pudientes. Transformar esta situación implica una reforma del sector salud y nutrición dirigida a mejorar las condiciones de la población más pobre con la organización y fortalecimiento de la gestión técnico- administrativa del sector teniendo la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social como rectora. Entre otras políticas se recomienda: · Ampliar la cobertura y calidad. · Reorganizar el sistema nacional de información. · Mejorar la coordinación interinstitucional. · Descentralización de funciones. · Efectiva participación comunitaria. Estas medidas permiten mayor equidad y desarrollo humano en los servicios de salud. Queda expresa la necesidad de generar una nueva estructura de salud, que integre con mayor eficiencia las acciones del sector. Estos cambios tendrán que producirse dentro de las posibilidades económicas y técnicas de las instituciones del país, y deberán permitir la implementación de la universalización del acceso y la ampliación de la cobertura de la seguridad social. 3.8.3. Vivienda Los requerimientos habitacionales están dados por la demanda producida por el número de familias que se forman cada año, la acumulada por el número de familias que carecen de vivienda y la producida por viviendas inadecuadas. Se estima que en el país, aproximadamente el 80% de las viviendas que se construyen, pertenece al sector informal de la construcción y son producidas por personas de bajos ingresos, con materiales y tecnologías no convencionales. Partiendo del déficit existente, es pertinente el diseño de proyectos de mejoramiento de viviendas con amplia participación de las organizaciones no gubernamentales y de las comunidades, esto permite reducir los costos, crear soluciones adecuadas y desarrollar la solidaridad. Un mecanismo factible es la creación de un sistema de subsidio directo aplicable como complemento a los esfuerzos de ahorro de las familias como incentivo a la demanda y no a la oferta. Esta estrategia ha sido utilizada con éxito en otros países de América Latina en la producción de vivienda. Para garantizar el acceso a una vivienda adecuada a los grupos sociales de bajos ingresos se propone un conjunto de medidas: · Definir e implementar una política habitacional del Estado que dé continuidad y coherencia a las acciones del sector público y privado, dicha política debe definir con claridad la población objetivo de los programas de viviendas del Estado. · Diversificar la producción de soluciones habitacionales, para que éstas cubran las necesidades de los distintos estratos sociales. · Política de mejoramiento de viviendas donde se otorguen préstamos para materiales y mano de obra especializada. · Crear un fondo para la vivienda de interés social el cual se alimentará de la cartera hipotecaria de los programas habitacionales del Estado y asignaciones del presupuesto público. · Adoptar el sistema de construir viviendas con tecnología apropiada y auto construcción. 3.8.4. Saneamiento Ambiental El abastecimiento de agua potable y la eliminación de excretas constituyen dos componentes de alto valor en la calidad de vida, tanto en cuanto a comodidades como por su incidencia en los niveles de salud. La baja cobertura en estos servicios es un indicador del deterioro de la calidad de vida de los dominicanos. Es preciso disponer de un programa de inversiones públicas para el sistema de agua potable concebido en forma integral y bien focalizado junto a una masiva intervención de los municipios y de la comunidad, podría implicar una importante mejoría en las condiciones de salud para grandes segmentos de la población. Otra ventaja de un programa de inversión de este tipo estriba en el hecho de que su ejecución involucra importantes actividades intensivas en la generación de empleos. (30) (30) Vaitsos, Constantino. ¿Una Estrategia Integral de Desarrollo? página 67. Secretariado Técnico de la Presidencia, Santo Domingo, 1993. 3.9. Acciones Sectoriales Prioritarias 3.9.1. Sector Agropecuario La agropecuaria basada en las exportaciones tradicionales debe dar paso a una producción diversificada, no solo en la generación de nuevos productos sino dirigida a nuevos mercados de exportación. Una opción especial la ofrece la orientación de las acciones con el objetivo de suplir la demanda del sector turismo produciendo los bienes que este sector requiere en el ámbito nacional. Esta es una exportación de bajo costo y competitiva en calidad y precio, este tipo de exportación no requiere de transporte aéreo o marítimo pues ocurre en el interior del país. Como reformas y medidas de políticas para el desarrollo del sector agrícola se incluye, la remoción del sesgo en contra de las exportaciones. Este sesgo ésta implícito en la protección de los bienes importados, los impuestos sobre los insumos y los impuestos directos a las exportaciones agropecuarias y resulta tan elevado que la adopción de medidas correctivas han de conducir a un crecimiento del sector agroexportador. Como prioridad debe formalizarse la eliminación de licencia de exportación e importación que, si en muchos casos han sido suspendidas, no han sido revocadas de manera legal lo que produce incertidumbre y confusión en el inversionista y el productor. Por otra parte, se debe reducir la dispersión arancelaria sobre los bienes importados, el efecto neto de tasas diferenciales de protección nominal y las diferencias en las tasas a las cuales se graban los insumos agropecuarios lo que favorece los productos importables en lugar de los exportables. Este sesgo puede corregirse con la adopción de un arancel que asegure una menor dispersión entre los aranceles sobre bienes intermedios y los productos terminados. Para lograr una agricultura competitiva se recomienda: · Aprobar las leyes sobre licencias de importación y exportación. · Introducir el reintegro de derechos de aduana y las industrias de zonas francas. · Adoptar un código de valoración aduanera de acuerdo a las normas del GATT. · Eliminar el requisito de la entrega de divisas. · Establecer una bolsa de productos básicos (bolsa agropecuaria), dirigida por la empresa privada). · Traspaso de los ingenios del CEA al sector privado. · Privatización de las tierras del CEA, con preferencia a los pequeños agricultores y ocupantes ilegales establecidos.(31) (31) Creando una Estrategia para el Crecimiento Agropecuario Sostenible, Banco Mundial, 1993. 3.9.1.1. Reestructuración Agropecuaria El punto de partida de una estrategia sólida de reestructuración del sector agroexportador tradicional y no tradicional, debe contar con la creación de incentivos reales, mediante la aplicación de la desgravación arancelaria al sector y, simultáneamente, la canalización de recursos financieros en condiciones preferenciales. Este aspecto contempla la reducción de impuestos a equipos y maquinarias. En lo que respecta al empresario agrícola, es preciso consolidar ejecutorias que garanticen la compatibilidad en los aspectos macroeconómicos en la estructura económica, tomando en consideración la inserción en el proceso de apertura y globalización. Toda intención de gravar la agricultura de exportación debe considerar que no contribuya a la reducción de la rentabilidad de los cultivos, por el contrario, que las medidas de políticas a nivel macro mantengan relación con el objetivo de desarrollo sectorial y nacional. En cuanto a los niveles técnicos del sector, este debe ser estimulo para la agroindustrialización para el mercado externo. Del mismo modo hay que destacar la creación de recursos tecnológicos en cuanto a conocimientos de los trabajadores y personal medio del sector agroexportador. Este componente es vital dado que "la promoción de la coordinación de las investigaciones agropecuarias y agroindustriales de institutos privados y universidades podrían proporcionar un importante espacio a las mismas dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología".(32) (32) ONAPLAN, Lineamientos Básicos para el Desarrollo Sostenible. Pág. 38. En el caso de los pequeños productores agrícolas se requiere de un esquema que enfoque su alta composición de estrato, su incidencia en la producción de alimentos que conforman la canasta familiar y la debilidad de los mecanismos necesarios para darle apoyo en la superación de los múltiples problemas que tradicionalmente han afectado esta actividad. La gestión básica de apoyo a este sector ha de fundamentarse en el acceso a un paquete tecnológico adecuado, apoyo financiero y para la comercialización y como cuestión general, una gestión orientada a obtener mayor eficiencia y eficacia de la actividad productiva. Con una óptica de cara a la reducción de las condiciones de pobreza en la que pervive más del 50% de la población, adquiere singular atención el diseño de una estrategia de seguridad alimentaria que permita establecer el grado de la dependencia externa hacia la alimentación. La desnutrición constituye uno de los factores en los retrasos de la condición humana de los dominicanos. Como elemento de incentivo y apoyo a la producción de pequeños y medianos productores, merece especial atención lo relativo a la titulación de la propiedad, principalmente por su estrecha relación con las posibilidades de obtención de crédito. A la par con la necesidad de un financiamiento adecuado se impone la necesidad de readecuar el rol y las funciones del Banco Agrícola de la República Dominicana de tal forma que: a) se eleve la cartera de crédito en términos reales, b) reducir a niveles aceptables la tasa de interés real a que presta al sector de los pequeños y medianos productores y, c) reestructurar el Banco Agrícola de modo que este pueda asumir actividades propias de la banca privada. Respecto al mercado de los productos agropecuarios es pertinente definir pasos concretos que impacten el ambiente de distribución de los bienes agropecuarios, la política de precios y la captación creciente de mercados internacionales. Se establecerían las denominadas bandas de precios que fijaran los precios límites de los productos con la finalidad de proteger a consumidores y productores de las oscilaciones bruscas de los precios internacionales en el mercado local. Deberá ponerse especial atención en la búsqueda de mercado a los productos tradicionales, lo mismo que a normas de empaques y comercialización que puedan aumentar su competitividad, y diferenciación del producto. El rescate de los mercados públicos del descuido y la inoperancia debe ser atendido como parte de la política comercial del sector agropecuario, donde el lodo, la basura y los productos prácticamente se confunden. 3.9.1.2. El Sistema de Riego Los lineamientos estratégicos para la agricultura deben considerar de manera particular la infraestructura de riego. En las aproximadamente 250 mil hectáreas irrigadas en el país existe margen para aumentar la productividad, a través de un ordenamiento de la gestión integral del proceso productivo y del manejo del agua (33). El riego debe considerarse como factor fundamental en el desarrollo eficiente y el aprovechamiento de las cuencas hidrográficas. (33) ONAPLAN ‘Lineamientos Básicos para el Desarrollo Sostenible’, Santo Domingo, 1994. El gobierno tradicionalmente se ha enmarcado en la construcción de nuevos canales de riego, lo que representa un sesgo con respecto a la rehabilitación, pues la entidad responsable de administrar el agua para riego (INDRHI), dirige sus acciones a la expansión y no al mantenimiento de los canales existentes. Esa falta de mantenimiento ha conducido a que gran cantidad de las áreas de cultivo bajo riego se encuentren en condiciones de subutilización. Por mal mantenimiento, aproximadamente el 25% de las tierras de cultivo bajo riego se encuentran anegadas y con salinización. Otro limitante es el uso discriminado, que ha hecho posible que los agricultores más pudientes capten una parte desproporcionada del agua disponible, disminuyendo la productividad de fincas al final o extremo del sistema. Entre las recomendaciones propuestas para hacer más eficiente el sistema de riego, las siguientes son de consideración: · Readecuar el mantenimiento en el drenaje de los canales secundarios y terciarios. · Rehabilitación general de los sistemas de riego. · Reforma jurídica de la ley de riego. · Motivación e incentivo para la inversión privada en el riego. · Fortalecimiento por parte del gobierno de la capacidad de los agricultores en las zonas irrigadas con base en los organismos no gubernamentales, (Juntas de Regantes). · Enmendar la ley sobre |